La tecnología BIM es una herramienta digital enfocada en nuevas obras, que es capaz de reducir hasta 3% los excesos en el valor de una edificación. Ayuda a prevenir errores, ya que realiza una representación por completo de la nueva construcción. Dichas siglas significan Building Information Modeling, cuyo significado en español se traduce como “Modelado de Información en Construcción”.

Así mismo, evalúa diversos aspectos primordiales, como por ejemplo, la elección del terreno, además de reunir a todos los protagonistas de la obra. Por ejemplo Los arquitectos, ingenieros, proveedores de materiales, tradicionales o sustentables como el multipanel por igual. Al final, se detectan y realizan correcciones en el proyecto evitando un gasto de recursos innecesarios.

Actualmente el uso de esta plataforma solo está extendido en la inversión privada, donde la cuota de utilización es de un 80%. En este sentido, los integrantes del BIM Group Task están buscando que la tecnología BIM sea adoptada y obligatoria dentro del reglamento de obras públicas para el año 2026, donde el uso es de solo el 20%. Esta iniciativa está apoyada por empresas del sector y la propia administración pública.

¿Qué se puede esperar de la tecnología BIM en años próximos?

Uno de los objetivos que persiguen los impulsores de la iniciativa es la reducción de sobrecostos de las construcciones, al evitar modificaciones en las obras. Con ayuda de la tecnología que “deconstruye un proyecto”, es más fácil observar cada una de sus partes y modificar a conveniencia, sin afectar los recursos tangibles.

De acuerdo con datos del BIM Group Task, en nuestro país se eleva hasta en un 20% el precio de las construcciones en donde las cosas no salen conforme a lo presupuestado previamente. En este aspecto, la iniciativa que se busca para el sector público, es la de evitar el desperdicio de miles de millones de pesos de inversión, teniendo menor impacto en las arcas públicas.

Algunos otros actores para llevar a la realidad la iniciativa de obligatoriedad para el uso de la plataforma, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Ambas secretarías plantean una reforma a la ley y añadir el el artículo 10bis que dicte como obligatorio el uso de la herramienta.

La implementación obligatoria también repercute de manera positiva en la transparencia y  gestión de los recursos, para eficientar los gastos. Cabe mencionar que no es una tecnología nueva, pues alrededor del mundo ya lleva utilizándose hace unos 15 años aproximadamente.

¿Qué ocurre en otras latitudes?

Para citar algunos casos en los que opera de manera activa, están el de la Gran Bretaña, donde la tecnología ya es obligatoria desde el año 2016 para toda obra del sector público. Así mismo, también en el viejo continente, en Francia propiamente, la ley exige su uso en proyectos que estén por encima de los 20 mil euros; además de que desde 2010 se utiliza de manera oficial.

En resumen, lo que se busca es que en el gobierno mexicano se ahorren recursos públicos por el bien de las finanzas de los ciudadanos. Actualmente la iniciativa se encuentra aprobada por la Cámara de Diputados y la SHCP espera que para 2026 el uso obligatorio se concrete.

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